La sombra del pasado vuelve a cernirse sobre México. Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador panista de Baja California y en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna del país, ahora figura entre los 200 investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta participación en el delito de huachicol fiscal.
Según reveló el diario El Universal, las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el 1° de agosto de 2025, como parte de un megaoperativo nacional que apunta a desmantelar redes de contrabando de combustibles. Entre los señalados hay agentes aduanales, militares, empresarios y exfuncionarios, todos vinculados a una estructura que habría permitido el ingreso ilegal de millones de litros de gasolina y diésel al país.
Ruffo Appel aparece como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., involucrada en el decomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila el pasado 7 de julio B C. Aunque el exgobernador ha negado públicamente cualquier implicación directa, asegurando que la empresa cuenta con permisos legales para operar, las autoridades federales continúan con la investigación B.
Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad de un político que alguna vez representó la esperanza de cambio, sino que también refleja cómo figuras del viejo régimen siguen encontrando formas de beneficiarse del aparato estatal. El huachicol fiscal, lejos de ser un problema aislado, se ha convertido en un síntoma de una corrupción estructural que trasciende partidos y generaciones.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo los mismos nombres de siempre reaparecen en los escándalos de siempre. ¿Hasta cuándo seguirán explotando al país quienes alguna vez prometieron salvarlo?
